(Buenos Aires).- La jueza Alejandra Provitola ordenó una evaluación psicológica y psiquiátrica de urgencia para Paula, denunciante de Joaquín Levinton, a quien acusa de presunto abuso sexual con acceso carnal. La decisión se tomó después de que la mujer no se presentara a declarar en una citación prevista para los primeros días de octubre.
El examen quedó a cargo del Cuerpo Médico Forense, con intervención de profesionales de la Corte Suprema. En la misma resolución, Provitola reprogramó la audiencia e intimó la realización urgente del estudio técnico. La investigación busca reunir elementos para determinar cómo continuará el proceso, y la jueza incorporó la pericia para contar con una evaluación de la situación de Paula antes de avanzar con esa definición.
Uno de los objetivos es conocer “su estado psicofísico actual” y precisar “los rasgos fundamentales de su personalidad y estado de consciencia”. La resolución también requiere establecer “si se encuentra en condiciones psicofísicas de prestar declaración testimonial o estar en juicio”. El pedido combina una descripción de su situación presente con una valoración sobre su aptitud para declarar o participar de una instancia judicial. Los peritos deberán abordar ambos aspectos en el informe.
Otro eje de la evaluación es establecer si hay indicadores compatibles con que Paula haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual. La resolución pide buscar “indicadores de comportamiento compatibles con haber sido víctima de actos de violencia física, psicológica y/o sexual”. Los especialistas también deberán revisar si la denunciante “presenta signos compatibles con estrés post-traumático, fobias, depresión o alguna otra consecuencia derivada de eventos violentos o abusivos”. Esos puntos son aspectos que la pericia debe investigar, no conclusiones sobre la denuncia.
El estudio incluye preguntas sobre la eventual necesidad de atención médica inmediata y la existencia de un riesgo para Paula o para otras personas. El Cuerpo Médico Forense deberá precisar si requiere un tratamiento médico de forma inmediata o si presenta un “riesgo cierto e inminente” para sí misma o para terceros. La orden no da por confirmada ninguna de esas situaciones: solicita que los profesionales las evalúen.
El antecedente judicial se remonta a 2023, cuando Provitola archivó un expediente idéntico impulsado por la misma persona, tras constatar irregularidades en sus dichos. En aquella presentación, Paula había dicho: “no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”. Ese archivo correspondió al trámite anterior, no a la denuncia actual.
La causa volvió a reactivarse en tribunales cuando había pasado casi un mes desde que Paula acusó a Levinton. La pericia no implica un sobreseimiento definitivo para el cantante: es un paso previo para definir la aptitud de la denunciante dentro del proceso. El Cuerpo Médico Forense deberá completar la evaluación, que aportará elementos para determinar cómo continuará la investigación.
